Los maestros colombianos acaban de presentar el 7 de abril un pliego de peticiones que recoge las aspiraciones más sentidas no sólo de estos sino de toda la comunidad educativa, cuyo punto fundamental es la defensa de la Educación Pública Estatal ante los embates de la política privatizadora del gobierno. El otro punto concordante con la defensa de la educación es la discusión en una comisión, donde tenga representación la FECODE, el gobierno nacional y representantes del Congreso, de un proyecto de Estatuto Único de la profesión Docente que permita unificar y dignificar la profesión docente.
No es la primera vez (tampoco será la última) que el magisterio se une contra las políticas del gobierno nacional hoy plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos, que profundiza la privatización de la Educación pública estatal.
En la segunda mitad del siglo pasado el magisterio organizado en la Federación Colombiana de Educadores FECODE defiende la educación como un derecho de todos los colombianos y reivindica el derecho de tener un salario justo, un régimen prestacional y un Estatuto profesional del magisterio, Estatuto que se alcanzó en 1979 después de muchos paros, despidos y marchas; estatuto que profesionalizó la carrera docente, garantizó la estabilidad laboral y creó un régimen de ascenso acorde con las necesidades del época. A la vez que reglamentó un régimen disciplinario para el magisterio. Alcanzar un Estatuto Docente fue y sigue siendo una de las mayores conquistas del magisterio colombiano. Luego vendría la lucha por alcanzar el reconocimiento como trabajadores de la educación y la pedagogía hecho que se concretó en el Movimiento Pedagógico que estableció un espacio de diálogo e intercambio del magisterio con otros sectores educativos y culturales en torno a la preocupación por el destino de la educación colombiana, además que en su declaración final llama a los sectores gobernantes para que "renunciando a mezquinos intereses y golpeando obsoletas estructuras se comprometan con las transformaciones políticas, económicas y sociales que garanticen una escuela auténticamente libre y pública, unas condiciones de enseñanza adecuadas y dignas y el reconocimiento y el respeto a la autonomía ética e intelectual del maestro". Paralelo con esto se desarrolló el paro por la Nacionalización de la educación pública por supuesto en medio de amenazas de bandas de paramilitares que a la época tenían ensangrentado el país con una larga lista de educadores asesinados y cuyo número hoy se mantiene en alarmante aumento.
Luego vendría la consecución del Régimen Prestacional del Magisterio conocido como ley 91 del 89 que nos permitió exonerarnos de la ley 100 de 1993 y posteriormente empezar la organización por la defensa de un salario profesional acorde con profesión docente.
El marco general de la lucha era y sigue siendo la política implementada por los diferentes gobiernos agudizada por la ola de reformas neoliberales implementadas en todo el continente y que en Colombia empezó su apogeo en el gobierno de "bienvenidos al futuro" de Cesar Gaviria Trujillo" quien implementó el "Plan de Apertura Educativa" que trajo consecuencias funestas para el desarrollo económico del país. Plan que como todos obedecía a la implementación de políticas internacionales agenciadas por el Banco Mundial y que entró a hacer parte del modelo neoliberal de internacionalización y globalización de la economía mundial y colocó la educación al garete, al vaivén de las fuerzas del mercado y como cualquier otra mercancía sometida al "competencia del libre mercado". Esto por supuesto tiene que ver con la financiación y la administración que implementado el nuevo modelo no es más que la privatización de la Educación Pública con todas las consecuencias que hoy conocemos. Al final de la década del 90 y principios del 2000 se agudizó el proceso de privatización con el "Recorte a las transferencias para salud, educación y agua potable" y las consecuentes reformas al estatuto docente 2277, la expedición del a ley 715 de 2001 y la aprobación en un congreso de mayorías del gobierno del "Estatuto de la profesión docente" decreto 1278 que niega la profesión docente, somete a los educadores a periodos de prueba, a evaluaciones periódicas, y a la inestabilidad laboral; pero, el magisterio colombiano siempre enfrentó estas políticas con denuncias paros y movilizaciones en las calles. Es así como hubo paros en el año 1.999, 2001 y 2007 para enfrentar esta política, paros encabezados por la Federación Colombiana de Educadores y en Bogotá por la ADE.
(1) Artículo publicado en el periódico de la ADE- Educador Distrital en mayo de 2011
